Finalmente la
Legislatura aprobó ayer en sesión extraordinaria un proyecto
que declara de utilidad pública con fines de expropiación los bienes de la
filial argentina de la pesquera española Vieira en Puerto Deseado.
La nueva norma que fue aprobada por 20 votos y dos
abstenciones de la UCR , habilita la expropiación por parte de la Provincia de la planta de procesamiento y almacenamiento
de Vieira Argentina y los siete barcos que integran la flota de la compañía.
También alcanza a los “bienes útiles tales como maquinarias,
mobiliarios e insumos existentes, propiedad de la empresa Vieira Argentina”,
señala la norma, aprobada por veinte votos a favor y dos abstenciones.
La ley, impulsada por
Poder Ejecutivo, argumenta que se busca asegurar así la “continuidad
económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los
prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo,
industrial y social de la provincia de Santa Cruz”.
En agosto Vieira Argentina se presentó en concurso
preventivo de acreedores. La filial local de Vieira comenzó a tener problemas
de liquidez cuando su matriz entró en concurso de acreedores en España en julio
pasado. Vieira Argentina emplea a 340
personas, 13 en sus oficinas administrativas en Buenos Aires y el resto en
Puerto Deseado.
Facultades
En el artículo 2º la norma sancionada faculta al Poder
Ejecutivo Provincial a designar a quien o quienes deberán efectuar el inventario
y las tasaciones, con la intervención de la Fiscalía de Estado de la provincia, el Ministerio
de Economía y Obras Públicas y el Ministerio de la Producción , y/o
cualquier otro organismo del Estado cuya participación sea conveniente para el
cumplimiento del fin último perseguido por la ley.
También autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a conformar
una comisión “ad-hoc” y “ad-honorem” integrada con los trabajadores,
organizaciones prestatarias de servicios de la Planta sujeta a
expropiación, Municipalidad de la ciudad de Puerto Deseado y Poder Ejecutivo
Provincial como órgano consultor no vinculante para el cumplimiento de la ley.
El artículo 4º autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a
realizar los contratos, convenios y concesiones, pudiendo contemplar la
participación de los trabajadores organizados para la correcta explotación de
la planta en miras a la concreción del desarrollo productivo y social de la
misma, en total de acuerdo con el Artículo 119 inciso 17 de la Constitución Provincial.
En la iniciativa se determina que los gastos que demande el
cumplimiento de la ley deberán ser imputados a la partida correspondiente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2013. Además
se indica que a los treinta días de promulgada esa ley, el Poder Ejecutivo
iniciará los trámites pertinentes para el proceso expropiatorio en los términos
de la ley 21. El trámite de inscripción referido a los inmuebles se efectuará
con la intervención de la
Escribanía Mayor de Gobierno, estando exenta del pago de los
sellados, honorarios y todo otro gasto o erogación
El desembarco del
Somu a pedido de Peralta
Por su parte el ministro de la Producción , Rafael
Gilmartin, indicó que la provincia cuenta con una oferta de una nueva empresa
llamada San Jorge, que surgió del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)
y que “el gobernador a pedido expresamente que sea la empresa tome posición en
la situación de Vieira”.
Al ampliar en ese sentido Gilmartin estimó que en una
semana, la nueva empresa tomará posición en la planta.
También el funcionario recalcó que se priorizarán a los
marineros locales en los barcos de la empresa expropiada.
“Lo que le solicitamos al gremio que en los puertos
santacruceños, embarque nuestros marineros. Una vez que este cubierta la
solicitudes de los marineros locales, recién ahí de otras provincias”, afirmó
el ministro luego de participar de una conferencia de prensa junto al
gobernador Daniel Peralta en Casa de Gobierno.
Ante las acciones legales que los directivos de Viera
planean llevar adelante , el funcionario aseveró que “la Provincia defenderá los
derechos de los trabajadores y de los recursos marítimos que nos pertenecen”.
La otra expropiación
En septiembre de 2009 el diputado del PJ, Rubén Contreras
presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objeto de “declarar de
utilidad pública y sujeto a expropiación” la planta pesquera “Barilari” ubicada
en Caleta Olivia, la cual contaba con 450 trabajadores. La norma fue sancionada
y luego hubo varios inconvenientes para que la planta pudiera funcionar. Aunque
luego de varias idas y vueltas la ex Barillari esta funcionando gracias al
programa Pescado para todos.
Antes de que se le diera tratamiento al proyecto de
expropiación a Vieira, el vicepresidente de la compañía Daniel Badens envió una
carta documento a los diputados y presidente de la Legislatura Fernando
Cotillo advirtiéndoles que se abstengan convalidar el proyecto ya que entraran
en conflicto con el poder judicial que interviene.
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