Comentarios. Ayer 29 de febrero de 2016 la
CATT difundió un comunicado que dice:
" ... la Confederación de Trabajadores del
Transporte (CATT), la principal fuerza de coerción de la central obrera, donde
se prevé dar aviso de una escalada de protestas a partir de abril contra el
Impuesto a las Ganancias, entre otras reivindicaciones...".
Es una noticia interesante que colisionaría con el
Famoso Protocolo de Seguridad a la movilización.
Como las protestas confrontarían esa nuevísima norma, subo
un artículo que fundamenta el rechazo a ese PROTOCOLO y lo cuestiona el
Profesor de Derecho de la UBA, LUCAS ARRIMADA, a quien sigo y su página se
llama: antelaley.com.
Quizás algunos colegas miran noticias como el protocolo
o los despidos, como cuestiones lejanas. Pero ¿que actitud tomaran
cuando desde el gremio lo convoquen a una manifestación que pueda ir contra esta
decisión gubernamental?.
Foto de la pagina INFOBLANCOSOBRENEGRO.COM
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Los peligros de regular la protesta: entre la criminalización y la
censura
Viernes 5 de febrero de 2016 | Edición del día
Lucas Arrimada
Profesor Derecho UBA | @lucasarrimada
1. Los peligros de regular la
protesta.
El Gobierno Nacional anunció su intención de regular el derecho
constitucional a la protesta. Hay razones legales, políticas y culturales para
criticar esa propuesta y recordar que la mayoría de los proyectos que
intentaron regular la protesta siempre fueron inconstitucionales y abiertamente
antidemocráticos (como lo analizamos con los anuncios del ex-Secretario de
Seguridad, Sergio Berni).
Protestar es un derecho. Reprimir
una protesta pacífica es un delito.
Todas las reglamentaciones legales son ambiguas y vagas, por ende, se
pueden interpretar discrecionalmente. Un protocolo de protesta sería un arma
muy peligrosa para que toda protesta social pacífica se transforme en una
protesta "ilegal", por ende, criminalizable, y así justificar el uso
de la violencia estatal en contra de cualquier manifestación social.
Un protocolo de la protesta puede abrir la posibilidad que todos los
jóvenes, mujeres y pobres sean fácilmente criminalizados por pedir un boleto
estudiantil, reclamar por sus derechos sociales, ejercer el derecho a huelga o
su libertad de expresión, apoyar el matrimonio igualitario y hasta por
manifestarse contra la violencia de género como en el #NiUnaMenos.
Las históricas manifestaciones contra la inseguridad, por la misteriosa
muerte del Fiscal Nisman o las numerosas marchas opositoras contra del
Kirchnerismo fueron ejercicios legales y legítimos del mismo derecho
constitucional a la protesta que hoy se proyecta limitar.
Regular la protesta invita a arbitrariedades legislativas y a
discrecionalidades judiciales. La protesta es un derecho ejercido por los
opositores en todo el mundo. Limitar un derecho constitucional tan vital para
la historia democrática Argentina es un gravísimo error político que sin duda
tiene rasgos autoritarios.
Regular la protesta puede estar dirigido a legitimar y crear excepciones
reglamentarias para justificar la recurrente violencia policial en
manifestaciones y protestas pacíficas. El derecho a la protesta no debe ni
puede regularse.
2. Regular la protesta es
censurar voces. Es criminalizar al que disiente y significa menos libertad de
expresión.
Desconocer que nuestros derechos no son "naturales" sino
producto de la construcción política es resultado de la falta de educación colectiva e individual en nuestros derechos
fundamentales.
Ser ignorante es desconocer que tus derechos se los debés a generaciones
que lucharon para que vos los tengas, disfrutes y expandas. La forma de
expansión y construcción social de los derechos siempre fue y sigue siendo el
derecho a la protesta.
El derecho a la protesta pierde fuerza y capacidad de comunicación al
ser regulado, indiferentemente del gobierno que lo proponga. El derecho a la
protesta un derecho para abrir una instancia de diálogo, no para abrir una
instancia penal o una amenaza represiva. Esa propuesta no es democrática ni
republicana. La regulación del derecho a la protesta silencia voces y tiene
tintes autoritarios. Regular la protesta es silenciar ese diálogo posible y
abrir una instancia de más violencia y represión.
Regular la protesta invita a generar más violencia social. Es legitimar
el uso de la fuerza contra la gente que protesta pacíficamente, ejerciendo su
derecho constitucional a peticionar a las autoridades (Art 14 CN) o a
expresarse (Art. 14, 32, 75 Inc. 22 y Tratados de DD.HH.).
Indiferentemente el gobierno, toda regulación de la protesta puede
silenciar voces disidentes, acallar reclamos que deben ser escuchados,
necesidades que tienen derechos sociales reconocidos en la Constitución
Nacional que las autoridades deben cumplir, todo en ejercicio de una facultad
constitucional legitimada por toda la sociedad.
En conclusión, el peligro es neutralizar el derecho que nos permite a
todos defender nuestros derechos, expandir las libertades y mejorar la
democracia.
Lucas Arrimada es Profesor de "Derecho Constitucional" y
"Estudios Críticos del Derecho" (UBA). Twitter:
@lucasarrimada
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