En este espacio vamos incorporando información sobre la Marina Mercante Argentina.
Se actualiza dos veces por semana.
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Empresas del agronegocio evaden millones de
dólares vía Uruguay
Introducción: Hay ciudadanos que sostienen que gran
parte de los problemas de los argentinos son los planeros.
La nota que se reproduce a continuación indica que hay otros que si producen un verdadero impacto negativo
en la economía:
Son los grandes agroexportadores por los impuestos
que dejan de pagar y lo demuestra la investigación de:
“… los
investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los
datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y
multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por
3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron
suelo uruguayo…”
Sinceramente alcanza con que tengan
paciencia de leer la nota hasta el final, que por cierto es largo, pero lo es
en la medida que es un tema complejo. Tanto es el desconocimiento que algunas
personas salen a defender públicamente a esos agroexportadores, pidiendo que los productores o multinacionales no paguen
retenciones, cuando pertenecen a los sectores que pagan impuestos
insignificantes y no es un consuelo saber que es un problema a nivel mundial.
Grupos económicos que además cuando venden en el País, lo hacen a precio dólar.
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Empresas del agronegocio evaden millones de
dólares vía Uruguay
septiembre 29, 2023
Las empresas
exportadoras del agro eluden miles de millones de dólares de impuestos vía
Uruguay. Así lo confirma, con números precisos, una investigación de Alejandro
Gaggero y Gustavo Zanotti. La maniobra, que desfinancia al Estado, involucra a
las compañías Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta,
Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y ACA.
Por Nahuel Lag
Foto: Matías Sarlo.
Las exportadoras cargan los
barcos en la Argentina pero facturan donde más se les facilita la evasión.
“El
sector que más divisas ingresa al país: casi el 50% del total de sus
exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de
Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar
con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la
exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario
representaron el 60% del total, con gran protagonismo de granos, aceites y
harinas. Pero ¿las ganancias de esas
exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras
para cosechar ganancias”, los
investigadores del CONICET Alejandro Gaggero y Gustavo Zanottiestudiaron
los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras,
nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares
entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el
caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40% del total de su facturación
lo hicieron en el país vecino.
¿Cómo eluden impuestos las empresas del
agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti.
La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas
cáscara”, que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es
comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países
—la Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas— para aprovechar los
beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por
ganancias a menos del 1%.
“Cabe destacar que las ventas de las empresas
uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías
de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores, y
advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio
destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.
¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas
adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en la Argentina, donde la
empresa productora vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a
precios menores a los de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan
la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones
a la exportación (1)se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es,
principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.
Las empresas estudiadas —analizando las
ganancias declaradas en la Argentina, donde tienen producción; y las declaradas
en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las
multinacionalesCargill (2),
Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de
capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera
General Deheza (AGD)(3), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina
(ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia
del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa
cáscara”. La mayoría integran el Centro de Exportadores de Cereales, organización
que impulsa una Ley Agroindustrial (4) con el objetivo incesante de pagar menos
impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó
el debate de comisiones.
Uno, dos, tres, diez Vicentines
“Hicimos este estudio porque habíamos hecho
un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo
empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en
Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada
para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas
argentinas estaban en manos de un holding
formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le
generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”,
reseña Gaggero en diálogo con Tierra
Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería
fiscal de las cerealeras.
El caso de
Vicentin (5) volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez
civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró
abierto el periodo
de concurrencia (6), tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto
en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a
favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión, dándole más tiempo
para negociar su deuda. La empresa
declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de
dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y
haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el
gobierno de Mauricio Macri.
El proceso involucra un vaciamiento de la
empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En
paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco
Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares—
hasta productores chacareros, 12 integrantes del directorio de la empresa local
fueron imputados por asociación
ilícita y estafas (7).
El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de
que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde
principios de siglo. De acuerdo a las informaciones obtenidas del Boletín
Oficial de Uruguay, las “empresas
cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores
enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a
mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó de
realizar de forma local, de la producción al consumo, y tuvo lugar un proceso
de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales
en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por
“agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a
diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas
en otras industrias.
En el caso particular de la Argentina,
Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por
grandes multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos
locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país pero crecieron de la
mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura
cívico-militar, como una modificación de la Ley de Granos y la autorización
para la construcción de puertos privados, lo que le dio a las firmas de
molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la
región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990,
en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias
afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la
soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.
Uruguay, paraíso para la evasión
¿Por qué el suelo charrúa es tan tentador
para estas prácticas ilegales de las empresas del agronegocio? Según detalla el
informe, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedades que administran la
propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra
el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25% para
quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5%), o a las
ganancias provenientes, por ejemplo, de los dividendos percibidos por las
firmas extranjeras o de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.
Además cuenta con un régimen especial para
las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y
servicios (trading),
tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no
toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97 les permite pagar aproximadamente
el 0,75% de sus ganancias.
Junto al andamiaje legal, el informe
—publicado en agosto por la Fundación
Friedrich Ebert(8) — precisa información de las empresas que permiten
evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la
intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables
para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula).
Como muestra, los investigadores aportan dos datos:
En
el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados
constituye el 0,14% de lo facturado;
El
1,1% corresponde a activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles).
Es por eso, como también marca el informe,
que Uruguay está incluido en el listado
de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la
Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos
internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para
empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de
impuestos, cuando lo facturado por las
“empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fueron 42.000 millones de
dólares. La cifra representa el 43% del valor bruto de producción de Uruguay y
el 72% de su PBI.
¿Cuánto representaría para la Argentina? Si
bien el total de la facturado también incluye movimiento de otros países —en
particular Brasil— por las triangulaciones hechas por multinacionales como
Cargill y Bunge, la economía argentina atraviesa en este 2023 el impacto de la
sequía: según la Bolsa
de Cereales de Rosario (9), la pérdida por ese fenómeno fue en 2023 de 14.140
millones de dólares, que ascienden a 19.000 millones si se toma el impacto en
toda la cadena.
Estas maniobras de “abuso fiscal”, como lo
denominan Gaggero y Zanotti, se extiende más allá del agronegocio, pero para
dimensionarlo el informe aporta una estimación de la organización Global
Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network (Alianza Global por la Justicia
Fiscal y Red por la Justicia Fiscal), según la cual en 2021 el Estado argentino
dejó de recaudar entre 1.200 y 2.400 millones.En marzo pasado, la AFIP informó que tenía en investigación una
supuestamaniobra
de evasión por 44.206 millones de pesos (10) que involucraba a 20 cerealeras.
“La
creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a
las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados
—especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al
desarrollo económico y social”, sentencia el informe. “Es
una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de
la economía argentina”, resalta Gaggero, y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa
argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en la
Argentina, donde tiene su producción, y 93 millones en Uruguay.
El informe arroja otras conclusiones
reveladoras a partir del estudio de los datos contables de las empresas en
ambos márgenes del Río de la Plata:
Las
empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de
dólares en 2021 y por 3.954 millones en los últimos cinco años. Su
procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a
través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos
y servicios entras las firmas de la misma empresa— como de operatorias con
los contratos en el mercado financiero de commodities.
Las
firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan
más del 40% de la facturación total del grupo.
“En
particular, las firmas de ACA, Cargill, AGD y Pérez Companc acumularon
gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de
capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran
parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en
Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos
argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.
“El
patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se
encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir,
dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente
resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA,
Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre 4 y 9% del patrimonio total
del grupo o conglomerado”.
“Todas
tienen una estructura offshore”
—¿Funciona distinto la ingeniería de abuso
fiscal de una multinacional como Bunge o Syngenta, que tienen filiales en todo
el mundo, que la de empresas nacionales como ACA, Molinos, Pérez Companc o
Vicentin?
Alejandro Gaggero: En
general, el mecanismo es el mismo. Hay una empresa radicada en la Argentina que
produce y una empresa en Uruguay que funciona como comercializadora y se asocia
con empresas de otras partes del mundo, ya sean países con los que comercian o
guaridas fiscales, donde también hay transacciones. En la actualidad, la
estructura de una empresa como Molinos (Pérez Companc) no es tan diferente a la
de una empresa multinacional. Todas tienen una estructura offshore, con empresas en
países de baja tributación o guaridas fiscales.
—En el informe marcan cómo América
Latina, ubicada en el lugar global de proveedora de productos primarios, tiene
enormes dificultades para enfrentar eficazmente el control de estas estructuras
corporativas. ¿Cuál es la imposibilidad del Estado argentino para perseguirlas?
—La manipulación de los precios de transferencia
no es legal, es un delito perseguido por el Estado. La AFIP es la encargada de
generar los mecanismos para evitarlo. En la práctica, es una tarea muy difícil
porque estas diferencias de precio se pueden camuflar de diferentes formas, con
los distintos factores que inciden en el precio: la fecha de venta, la fecha de
embarque, las variables de transporte o condiciones de venta. De los procesos
iniciados por la AFIP son muy pocos los que terminan con un fallo que condene a
las multinacionales. El Poder Judicial, en lo fiscal, tiene problemas para
enfrentarse a una maquinaria administrativa judicial de firmas que defienden a
estas empresas, que no son un adversario fácil. No ha sido eficaz el Estado
para controlar esto, incluso en la venta de granos, cuya trazabilidad es fácil
de seguir, pero las empresas multinacionales también tienen muchos servicios
para facturar y realizar una planificación que los esconda: uso de marca,
patentes por innovaciones tecnológicas, que suelen tenerlas en guaridas fiscales.
¿Cuánto le tiene que pagar la empresa a su filial en un paraíso fiscal por el
uso de marca o por una consultoría interna? En las transferencias intra-firma
no hay regla de mercado para los precios.
—¿Qué alternativas pueden buscarse para
frenar estas estrategias de abuso fiscal?
—En el mundo se están discutiendo
alternativas de cómo gravar a las multinacionales. Una es la de poner un
impuesto mínimo, que sería equivalente, por ejemplo, al 15% de las ganancias.
La discusión se está dando al nivel de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, son los mismos países ricos los que están
poniendo en discusión el rol que tienen las guaridas fiscales y estos sistemas
tributarios especiales, porque erosionan la base imponible sobre la que cobran
impuestos los Estados. En los últimos años se ha avanzado en ese aspecto,
aunque todavía no se llegó a una implementación.
—¿Qué podría mejorar la Argentina a
partir de trabajos como el que realizaron ustedes para poner freno a estas estrategias
ilegales?
—Una de las soluciones posibles, a nuestro
entender, es que la Argentina y Brasil negocien con Uruguay sobre sus regímenes
especiales, porque son muy perjudiciales para las arcas públicas, mientras que
el efecto para la economía uruguaya es muy marginal y concentrado en los
sectores financieros e inmobiliario. Por otro lado, sería necesario pensar en
cambios de regulación que graven de una forma diferencial las relaciones de
intercambio entre empresas productivas argentinas y sus “empresas cáscara”. Se
puede hacer, por ejemplo, poniendo impuestos a las transacciones de servicios
con filiales en Uruguay. El Estado viene poniendo la lupa un poco más sobre
estos mecanismos, pero debe avanzar en formas inteligentes de enfrentar estos
perjuicios no desde el discurso sino con medidas concretas. Los mecanismos de
abuso fiscal siguen siendo un problema grave.
—El debate sobre lo fiscal y el pago de
impuestos es una constante en las propuestas de campaña presidencial, en
particular del candidato de ultraderecha Javier Milei, que apunta contra todo
impuesto. ¿Qué análisis hacen a partir del trabajo que realizaron?
—El informe busca incidir en ese debate
mostrando que hay una gran inequidad en el sistema fiscal actual, porque los
sectores de más altos ingresos no pagan lo que deberían. Ya no se trata de una
reforma fiscal que eleve las tasas imponibles, sino que existen mecanismos por
los que los más ricos pueden pagar menos impuestos a las ganancias, o por los
que una gran empresa agroindustrial –en
términos relativos por su facturación– paga menos impuestos que una ferretería
o una pyme metalúrgica que está en blanco. Es un gran problema para el
Estado porque implica desfinanciarse. Si el objetivo es no tener déficit fiscal
hay que ver de qué forma se busca
saldarlo: si a través de impuestos progresivos o de impuestos regresivos, como
el IVA, que perjudica a los más pobres.
—¿Y qué ocurre con planteos como los de
Milei de eliminar los impuestos?
—El planteo de Milei es muy extremo y va
contra los consensos que se construyeron en los países centrales, países que él
reivindica, para gravar a las grandes empresas que utilizan guaridas fiscales o
regímenes especiales. Pero Milei y el
movimiento libertario reivindican las guaridas fiscales y valoran a los países
que tienen esos regímenes. Sin embargo, es un planteo tramposo porque esos
beneficios se aplican solo para extranjeros, no para residentes de esos países,
que pagan impuestos en un nivel estándar. Es una admisión tácita de que estos
esquemas son perjudiciales. Los libertarios hablan del concepto de “competencia
fiscal”, que implica que cada quien elige dónde pagar sus impuestos, suponiendo
que forzaría a todos los países a bajarlos. Eso no es lo que están diseñando
los países ricos en espacios como la OCDE. Las propuestas libertarias están a
contramano de lo que se está haciendo en el mundo.
—Si Milei ganara las elecciones, ¿se
puede deducir que dejaría de perseguir estas estrategias fiscales ilegales de
las empresas cerealeras?
—Las dejaría de perseguir porque considera
que el impuesto a las ganancias es un robo e, incluso, premiaría a quienes
lograron hacer estrategias de evasión de este tipo. La última propuesta de La
Libertad Avanza, frente a los debates de blanqueos fiscales, fue pedir perdón
por haber perseguido a las personas que evadieron impuestos. El razonamiento es
pedirles perdón por obligarlos a evadir. El esquema que plantean va contra las
bases del Estado.
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