Resumen de Claudio Cardinali.
Síntesis de lo expresado por la diputada por la Unidad
Popular (UP) GRACIELA ITURRASPE.
Los jubilados que miércoles a miércoles se juntan en el
Congreso entregaron 200.000 firmas con todas sus expectativas.
Se deber tener claro
que ningún proyecto se gana solamente juntando firmas, o discutiendo
aquí dentro. La única posibilidad es generar conciencia en el conjunto de
nuestra sociedad a lo largo y a lo ancho del país. Por eso queremos juntar un
millón de firmas.
El proyecto es un trabajo colectivo, no una creación
individual de nadie. Prácticamente durante dos años, todos los miércoles se
juntaron con Horacio González, el abogado previsionalista de ATE y la Central,
con organizaciones de jubilados, con trabajadores del ANSES, del PAMI, de los
institutos provinciales y de a poco se fue pariendo este proyecto de Ley, que
es como una ley marco, que le da estructura, que le da un formato legislativo.
El proyecto habla de un Instituto Nacional de Previsión
social que separa el tema de la Seguridad Social –en su sentido más amplio– de
los fondos previsionales. Para evitar esto que estamos viviendo hoy: el uso de
los fondos del ANSES para cualquier fin menos los previsionales.
Sin duda es una cosa fantástica que todos los pibes del país
puedan tener una netbook. Pero eso debería salir de las rentas generales, del
Ministerio de Educación, pero no de los fondos previsionales. Ni hablar de los
subsidios a las multinacionales o los planes de vivienda.
Este proyecto de ley también plantea el 82% móvil por cargo
y función, para que ese valor sustitutivo realmente se mantenga.
Plantea que el Directorio que va a conformar este Instituto
Nacional de Previsión Social estará compuesto mayoritariamente por
trabajadores. Son nueve los miembros del directorio y siete son representantes
de los trabajadores en actividad y de los trabajadores jubilados. Esos siete
tienen que expresar las distintas regiones del país y se eligen por voto
directo y secreto, y le quedan solamente dos al Ejecutivo.
La decisión sobre lo que se hace con los dineros
previsionales tiene que ser de sus legítimos dueños. Por eso digo que lo
subversivo, lo revolucionario es cambiar el “quién decide”.
En el proyecto de ley también está planteado con respecto al
PAMI, también el tema es terminar con la intervención, normalizarlo y
devolverles a los jubilados el control de su obra social.
El PAMI es un negocio infernal, es una cantidad de dinero que
todos los jubilados y todos los trabajadores aportamos al sostenimiento del
PAMI que nunca ha sido manejado por los trabajadores en forma mayoritaria, como
lo dice su estatuto.
El actual funcionamiento permite esos nichos de corrupción,
ese gran negocio que seguirá igual si no modificamos estructuralmente su
conducción y sus fines. Y en este caso estamos hablando de la salud, de la vida
y de la muerte, no solamente de los jubilados sino también de quienes tienen
pensiones no contributivas, de los combatientes de Malvinas, de todos los
desesperanzados que han ido a parar al PAMI.
Se plantea también que la gente que llega a los 65 años sin
haber trabajado o a veces no puede demostrar que trabajó tiene que tener un
haber mínimo, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. De ahí en más,
planteamos para las personas que lleguen a la edad jubilatoria con menos de 30
años aportados, un 1% más por cada año trabajado hasta llegar a los que tienen
los treinta años.
También se plantea que un trabajador que queda inválido, que
tiene una enfermedad laboral que le impide seguir desarrollando sus tareas, va
a poder tener la misma jubilación que si hubiera llegado a cumplir sus aportes
jubilatorios.
Y también hay que recomponer la escala jubilatoria que supo
haber en este país. En el año ‘93, antes de la reforma del menemismo y antes de
la privatización del sistema, sólo el 25% cobraba la mínima. Hoy la cobra el 81
% de los jubilados. Esto sucede por malas liquidaciones del Anses.
Hoy existe una movilidad que son estos aumentos que dan dos
veces al año –en marzo y en septiembre– sobre un cálculo bastante perverso que
se basa en la recaudación. Toma dos índices de la recaudación y dice que el que
dé menos es el que se va a aplicar para los aumentos jubilatorios. Este proyecto
de ley indica que la movilidad tiene que estar atada a la evolución de los
salarios de los trabajadores en actividad.
Primero porque recupera la condición de trabajador del
jubilado y segundo, porque sigue atado a las luchas de la clase trabajadora por
tener un salario digno.
Para ello utilizamos, dos índices, uno es el del INDEC –que
puede ser risible en este momento, pero nosotros aspiramos a recuperar el INDEC
en algún momento– y el otro es el del Ministerio de Trabajo para medir la
evolución de los salarios de los trabajadores en actividad. El proyecto dice
que “el que dé más es el que será aplicado”.
Si se aplicara el proyecto presentado por el compañero
diputado Claudio Lozano de restitución de los aportes patronales que condonó
Menem, habría fondos. El proyecto del diputado plantea restituírselo sólo a las
grandes empresas, a las que tengan más de cuarenta trabajadores y permitiría
recaudar 77 mil millones de pesos más para el ANSES todos los años.
Lo mismo con la imprescindible reforma tributaria que
tampoco se quiere discutir, que se grave
realmente a los poderosos, que grave el juego, las transacciones financieras,
la extracción minera, a los poderosos de este país. Es inconcebible que los
trabajadores paguemos impuesto a las ganancias pero no lo hacen los que timbean
en la bolsa con acciones.
Está también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Anses, que tiene actualmente 220 mil millones de pesos. Este fondo fue
conformando con el aporte de los trabajadores en actividad, con lo que se recuperó
de lo que había quedado de las AFJP pero se está haciendo uso discrecional de
esos fondos para distintas políticas no previsionales.
No hay voluntad
política.
El botín político, que por ahora en este país se ha
alternado entre el peronismo y el radicalismo.
Todos se quieren apropiar de esta caja, porque
históricamente fue así, desde que Perón creó las cajas de ahí se sacó la plata
para financiar las políticas públicas.
En esto hay un acuerdo de la corporación política, de los
que piensan que pueden gobernar.
Esto tiene que ver con que ellos no creen en los derechos
universales. Necesitan usar las políticas de premios y castigos, de transformar
a los ciudadanos en clientes, de quitarles por un lado, la posibilidad de su
propio protagonismo, pero por otro lado su dignidad: saber que pueden tener ese
beneficio –sea cual fuere–, porque existe el derecho a tenerlo y que no es una
dádiva que este gobierno u otro da de acuerdo a su capacidad.
Entonces esto es un tema realmente estructural para
nosotros, el tema de que los derechos sean derechos ciudadanos y no deben
depender del manejo de nadie.
No está escrito en ningún lado, que una persona cuando
llegue a vieja necesita menos para vivir que cuando está en actividad. Por eso,
en este sentido es absolutamente indispensable restablecer el valor sustitutivo
que debe tener la jubilación respecto a la actividad que uno desempeñaba y al
salario que uno cobraba cuando estaba en actividad.
Todas estas cosas están contempladas, los compañeros
jubilados lo han trabajado, lo han procesado, conocen esta ley más que
cualquiera de nosotros, pero necesitamos que esto se conozca en todos lados. Y
tan importante como que la conozcan es que sepan que se puede porque si no la
desesperanza va ganando a nuestra gente, a nuestro pueblo. Hay que romper con
el imposibilismo, hay que romper con el “no se puede”, no solamente tenemos
derecho sino que es posible.
Graciela Iturraspe es Diputada Nacional: por la Unidad
Popular (UP) e integra la Comisión de Previsión Social, entre otras. Trabajadora
del ANSES, afiliada a ATE y la CTA, lleva adelante en el Congreso Nacional la
esperanza de miles y miles de trabajadores pasivos que aspiran a que la
jubilación deje de ser una condena.
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