Financiarización del agua y la vida, en clave geopolítica

 

Nota de Enrique Aurelli publicado en Contraeditorial

22 julio, 2021

 

“La cuenca del Plata es una región geopolítica estratégica y en la mira permanente de las potencias mundiales, por sus recursos naturales y capital humano, y por su largo litoral marítimo…  el extenso acuífero Guaraní, de 37.000 km³ de agua dulce … que abastece a parte de los más de 100 millones de habitantes de…  las ciudades que lo costean como San Pablo y Buenos Aires, constituyendo para Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina…”

“La experiencia de la pandemia del COVID-19 nos muestra que los países utilizarán siempre todos su instrumentos y recursos disponibles para resolver primero sus necesidades internas y para aumentar su poder externo…”

“… fomentan el “uso racional, privatizando el recurso, poniéndole un precio al agua”, que ya tiene precio en el mercado de futuros de las bolsa de comercio del mundo (NQH2O=0,45 U$S/m3), al igual que el petróleo, oro o maíz”.

“¿Alguien cree que a una empresa de dragado extranjera le importa cuántos millones bajan por un río y se pierden en el mar, cuando su único objetivo es garantizar transportar cargas privadas, de empresas extranjeras, en barcos construidos en otros países y también de propiedad de extranjeros, operados con mano de obra extranjera?”

“…debemos sumar  que en la porción más grande de Argentina bicontinental – ronda el 60% del territorio Argentino, es agua…”

 “El agua y lo necesario para la vida digna del pueblo argentino no son negociables”.

 

==================================

Texto completo

Financiarización del agua y la vida, en clave geopolítica

 

“Alerta por bajante”, reza el último informe del Instituto Nacional del Agua del 9 de julio pasado: La tendencia descendente observada en los niveles va a predominar en los próximos tres meses. Este mes es especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, exigiendo especialmente a la captación de agua fluvial para consumo urbano.

 

Hace tiempo venimos preguntándonos y tratando de encontrar explicaciones racionales, reales a la imperiosa necesidad de poner en discusión la financiarización de la vida en Argentina, en particular en lo relativo al agua, la energía, los alimentos, la retención y captación de divisas, la no importación de trabajo y servicio extranjeros que los argentinos podemos cubrir.

 

Sabemos por la gran cantidad de trabajos, estudios y notas que hemos escrito, junto a muchos investigadores, que la cuenca del Plata junto a la expiación de la frontera de sembrado es clave para la expansión de los negocios agroexportadores nacionales en manos extranjeras. Mientras en Argentina un sector se retuerce en argumentos que legitimen la operatoria de expoliación externa, intentando continuar con las lógicas de entrega de todos nuestros recursos estratégicos nacionales, en los demás países imperiales protegen los recursos propios y los utilizan para captar divisas, evitar problemas geoestratégicos, generar trabajo nacional, negociar o influir sobre otros intereses.

 

 

La cuenca del Plata es una región geopolítica estratégica y en la mira permanente de las potencias mundiales, por sus recursos naturales y capital humano, y por su largo litoral marítimo. Pensemos que solo el extenso acuífero Guaraní, de 37.000 km³ de agua dulce, constituye un bien para la vida que abastece a parte de los más de 100 millones de habitantes de los múltiples centros económicos de todas las ciudades que lo costean como San Pablo y Buenos Aires, constituyendo para Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina una posición estratégica para alimentar al planeta y proveerse de recursos naturales e industrializados, como bloque regional y ante un mundo saturado por el modelo de depredación impuestos por las grandes intereses económicos. Se hace cada vez más necesario que Sudamérica sea un núcleo como el planteado por UNASUR, un núcleo de poder regional frente a los grandes centros de poder imperialista.

 

Pero para ello no podemos obviar lo que acontece en la región. La bajante histórica del río Paraná, provocada por una de las peores sequías en casi un siglo en Brasil, pone  en  alerta a las distintas plantas de generación de energía en el país. Yacyretá opera al 50% de su capacidad y por la baja del río existen problemas operativos en las centrales térmicas Vuelta de Obligado, San Martín y San Nicolás, que requieren de combustibles fósiles provistos por buques. Nos dicen que se contrató una draga – no sabemos a qué proveedor – para garantizar la toma de agua de Atucha I y II. Todo indica que las semanas por venir serán claves. Hay casi 3000 MW en riesgo de generación. Si a esto sumamos la permanente injerencia imperialista en el cono Sur, sin olvidar de dónde partimos y qué  intereses están en juego y a quienes representan, el frío recorre varias espaldas.

 

Desde nuestros orígenes independentistas como naciones, pasando por todas las luchas populares interrumpidas desde embajadas extranjeras con golpes militares, como a Yrigoyen, a Perón en el ´55 o el de 1976. Con pomposos nombres que tergiversan el sentido común, se apropian de palabras como “Revolución Argentina” o “Proceso de reorganización nacional” para dejar un registro de irrupciones en la escena política social local y la Argentina especial. El regalito viene en combo con actores que determinaron y determinan la norma jurídica que rige y sojuzga los procesos de empoderamiento de los pueblos. Con precisión quirúrgica afectan en lugares y momentos para rediseñar y garantizar los mecanismos de apropiación de riqueza, recursos naturales y medios de producción que deberían ser sociales como lo establecía la Constitución depuesta de 1949, para asegurar la infraestructura en manos no precisamente populares, pues de ser así sostendría a lo largo de los años un proyecto de país justo, y no un plan de coloniaje  como el que aún persiste sistemáticamente.

 

La experiencia de la pandemia del COVID-19 nos muestra que los países utilizarán siempre todos su instrumentos y recursos disponibles para resolver primero sus necesidades internas y para aumentar su poder externo. Por eso discutimos las supuestas buenas intenciones tras el decreto 427/21 que por un lado deja en manos estatales -AGP-  el cobro del peaje por un año, mientras contrata la realización efectiva a los privados internacionales -como hace 25 años además se fundamenta en normativa de las dictaduras y de gobiernos neoliberales- y ratifica en todos sus términos lo expresado en el Decreto 949/20. Parece más un acto para la tribuna militante y se parece a la no acción respecto a Vicentín que a una real estatización. Hay varias medidas en sentido similar, Litio, Plan Gas, Trenes, Pesca, medidas que cuando se profundiza en ver quiénes son los reales beneficiarios de la explotación, se descubre que son los mismos obscenos megamillonarios nacionales e internacionales. Entonces, ¿se puede seguir declamando nac y pop y ejecutar neoliberal?

 

La gente no come vidrio, necesitamos ganar elecciones, enamorar con un proyecto de ampliación de derechos, revolucionario, que nos devuelva al menos las capacidades obtenidas hasta el 2015. No hablo solo de salario frente a inflación, hay que revisar y corregir los errores propios más los heredados de la gobernanza neoliberal reciente para ganar elecciones.

 

Estamos tan expuesto sin determinación de realización soberana que quedamos supeditados a temas geoestratégicos, como el caso de algunos países que acapararon vacunas e insumos para la su producción, para luego utilizarlas en las negociaciones que generan más dependencias, hasta la modificación de la legislación soberana en la materia, como expresó Máximo Kirchner hace unos días en el Congreso.

 

Sabemos que en términos geopolíticos y económicos, nadie “regala” nada. Menos el imperio. Los recursos propios (naturales, científicos, humanos) generalmente se los utiliza para evitar o generar problemas, para negociar o para condicionar sobre intereses propios o ajenos, en este caso los condicionamientos de FMI, los intereses de las corporaciones de los países miembros, hidrocarburos offshore, Vaca Muerta, empresas energéticas, logística, recursos estratégicos nacionales, pesca, concentración de medios de comunicación, manejo del sistema judicial, manejo y control de todo lo que debe ser del pueblo argentino pero por los agentes externos dentro de nuestras estructuras “democráticas, republicanas y empresarias” al servicio de sus propios dueños. La pregunta del millón: ¿Nuestra coalición de gobierno retomará el camino de soberanía trazado por Néstor y Cristina o quedará en la órbita de las buenas intenciones de los que algunas vez se fueron? Es claro que nos hace falta unidad de concepción para la acción, pero en el camino del manejo de lo propio, en manos argentinas y con un Estado fuerte y determinado, que enamore, que te ponga la mística y de percepción de que hay un futuro soberano.

 

Desde la década del 90 el imperialismo intensificó la disputa por la apropiación de todo,  sobre todo del control del agua, bien escaso si lo hay, por donde transitan las mercaderías y el comercio mundial desde el principio de la humanidad. Esto, sumado al dominio de los recursos estratégicos y naturales, constituye una cuestión de interés y seguridad nacional porque el objetivo externo es debilitar las capacidades nacionales. Existe una manifiesta manipulación globalista – así le llaman al imperialismo ahora – para “privatizar el agua” bajo el argumento de que, siendo un recurso escaso, se hace imprescindible una “gestión eficiente y eficaz” del mismo, pero en manos de “ellos”. A esto se  contrapone que el agua es una necesidad esencial para la vida, sobre todo la humana. Todo esto, lamentablemente, está sometido a los conflictos geopolíticos, acá no hay templanza.

 

Si sumamos el cambio climático, el factor geopolítico del agua es, y será en el futuro, un problema mayor al que deberíamos prestar atención y análisis permanente. El estrés hídrico global (inundaciones, deforestaciones, sequías más duras y prolongadas, pestes, glifosatos, cianuros, etc), con grave deterioro ecológico, claramente quedan expuestos a diario. Los intereses privados financieros, o sea que todo tenga un precio y sea comparable o pasible de explotación, deja claro que el modelo del capitalismo bueno no existe, adolece de criterios de equidad de justicia social o de respeto a las necesidades de los pueblos, fomentan el “uso racional, privatizando el recurso, poniéndole un precio al agua”, que ya tiene precio en el mercado de futuros de las bolsa de comercio del mundo (NQH2O=0,45 U$S/m3), al igual que el petróleo, oro o maíz.

 

El recurso hídrico es fundamental para la producción de alimentos, la agropecuaria y como plataforma logística de navegación. De allí su importancia económica, geopolítica, ya que la seguridad alimentaria es el tema principal para cualquier país que piense en sus habitantes. Grandes volúmenes de agua son los que aseguran la vida y la producción de alimentos. ¿Alguien se puso a pensar cuánta agua exportamos en alimentos al mundo? O que para poder comer un kilo de carne bovina se necesitan 4.000 litros de agua. Sabemos que solo 3% del agua del planeta es dulce o potable. Nos dicen que el agua es un recurso “renovable”… pero finito y se estima que la agricultura utiliza el 70% del agua que es extraída de acuíferos, ríos y lagos; la industria usa un 20 % y los humanos en uso domésticos un 10 %. Cuando exportamos soja, maíz, sorgo, carne, minerales, estamos exportando agua, es decir, la necesaria para la producción del grano o limpieza de los minerales. Los países de la cuenca del Plata son los principales productores de proteínas vegetal y animal del mundo -para consumo animal y humano- ahí la importancia de la preservación de las reservas de agua. ¿Alguien cree que a una empresa de dragado extranjera le importa cuántos millones bajan por un río y se pierden en el mar, cuando su único objetivo es garantizar transportar cargas privadas, de empresas extranjeras, en barcos construidos en otros países y también de propiedad de extranjeros, operados con mano de obra extranjera?

 

La Hidrovía Paraguay-Paraná desde la mirada logística, tiene una función estratégica. Casi el 80% de lo que exportamos se hace desde sus puertos privados y está en manos de las multinacionales, no del país. Se complementa a los ferrocarriles en el siglo XIX, no el actual. Es preciso recordar que la ola privatizadora de los noventa aniquiló la extensa red que cubría gran parte del país y que desde hace años, por visión estratégica de CFK, se fue tratando de reconstruir y quedó trunco allá por el 2015. Hoy bajo una supuesta estatización de la inversión y una socialización de explotación publico privada – las ganancias se las llevan los mismos de siempre- se intenta avanzar…

 

Al respecto no podemos dejar de mencionar los grandes intereses que se juegan en ese sector, el escaso desarrollo en materia de industria nacional y protección a los pequeños talleres que abastecen a nuestros ferrocarriles, y quiénes son los privados que ganan las licitaciones a lo largo de toda la red.

 

A esta altura sabemos que la Cuenca del Plata y toda la red troncal de navegación es clave para la sustentabilidad de la Argentina y su pueblo, si tuviéramos un IAPI, puertos, barcos y todo estatal. También conocemos los negocios de las multinacionales agroexportadores, por eso tanta disputa, tanto ruido en los medios hegemónicos de comunicación, ongs y, si no me equivoco, algún que otro fallo a favor de los dueños, de parte de un rentado Poder Judicial,  como ocurrió en la causa del Correo de Macri. No olvidemos que se mueven aproximadamente 5.000 embarcaciones -de bandera extranjera con bodega extranjera- que transportan algo así como 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales de los declarados, movilizando más del 50 % de la proteína vegetal que se consume en el mundo.

 

El control de la Hidrovía está necesariamente ligado a los intereses de la cadena de valor del agronegocio, de las cinco mega empresas logísticas de transporte mundial, en el cual predominan, en sus eslabones más rentables o claves, empresas estadounidenses, europeas y chinas, que a su vez compiten (es una forma de decir) entre sí. De allí que el negocio de la Hidrovía sea un tema geopolítico global.

 

A ello se suma que catorce de los dieciocho puertos en territorio argentino (donde llegan 1,5 millones de camiones y 250.000 vagones ferroviarios por año) están en manos extranjeras, al igual que las empresas de dragado (la belga Jan de Nul) y las transportadoras fluviales (98% paraguayas, algunas bolivianas y uruguayas, y muy pocas argentinas). Cómo China ya controla varias traders de granos y es el demandante más importante del mundo, cualquier concesión futura, ya sea del dragado, del transporte fluvial o de la operatoria, en manos del Estado chino significa una ventaja demasiado evidente.

 

Por eso, el manejo, la logística, el control, la administración y la ejecución en puertos de la red troncal  de navegación, sobre todo de la Hidrovía, tiene la llave geopolítica de la región centro-sur americana. Pensemos eventuales conflictos entre las principales potencias como alienta en sus documentos Estados Unidos, que en boca de funcionarios como la vicepresidenta ya hablan de una guerra del agua. Sabemos que China está interesada en la licitación, mediante la CCCC Shanghai Dredging Co., de las represas de Santa Cruz. Como vemos, el conflicto geopolítico global abarca mucho más que la tecnología 5G, los hidrocarburos, la logística, la Antártida y Malvinas.

 

El 26 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 949/2020, licitatorio de la Hidrovía. Detalla en su primer artículo la zona de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, desde el kilómetro 1230 del Paraná hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio, y desestima la profundización del Canal Magdalena, proyecto ya aprobado por Argentina y Uruguay. La cota 239,1 es exactamente el Puerto de Montevideo, una plataforma logística (hub) transnacionalizada, que cuenta con un canal de acceso marítimo profundizado a 43 pies de acceso, que Uruguay logró porque el gobierno de Macri anuló la disposición 1108/13 que aseguraba la soberanía portuaria argentina. Aquello otorgaba gratuitamente una ventaja contraria a los intereses nacionales, que ahora el decreto 949/20 viene a consolidarlo, constituyendo ambos una claudicación geopolítica muy grave, porque es funcional a intereses extranjeros, sin ninguna contraprestación estratégica inteligente. Determina a futuro el papel estratégico del puerto de Montevideo como principal salida al Atlántico de la cuenca del Plata, potenciándolo para ser un polo de atracción para todo el Atlántico Sur, relacionado con la pesca furtiva en los bordes marítimos argentinos, las Malvinas y la Antártida (reservorio de agua dulce).

 

Esto se encadena con una geopolítica trazada para Sudamérica, no por los Estados soberanos. Los intereses de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay están muy interrelacionados con la Cuenca del plata, porque esta articula multimodalmente dos corredores bioceánicos prioritarios. Al norte une los puertos de Antofagasta (Chile) con el de Paranaguá (Brasil), que atraviesa el Triángulo del Litio y es la zona sojera más extensa del mundo. El centro permite unir Porto Alegre (Brasil), vía Santa Fe, con el Puerto de Coquimbo (Chile). De hecho se ha conformado un “Eje Geopolítico Panamericano” (EGP) entre Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, que ha dejado a Argentina aislada de sus pares cercanos. Al respecto surge otra interrogante: ¿Están realmente aceitados los controles respecto a los tratados internacionales que aseguran el flujo de agua desde Brasil? ¿Estamos seguros que el diablo que huele a azufre no está ejecutando otro método de guerra blanda? Para colmo, recientemente Uruguay ha invitado al Brasil a realizar fuertes inversiones para hacer navegable al río Uruguay desde su desembocadura en el kilómetro 0 (“Punta Gorda”) hasta la ciudad de Uruguayana. Esto presupone el ingreso de Brasil (y el EGP) a la administración del Río Uruguay, que hasta hoy compartimos en exclusiva con Uruguay, desplegando así una nueva estrategia logística.

 

La Hidrovía, a través de distintos mecanismos, está en manos de monopolios de Estados Unidos, China, Bélgica, Holanda, Inglaterra, etc. Estos son: Cargill, Bunge, ADM Toepfer (EEUU), Dreyffus (Francia), Cofco y Nidera (China), Glencore (Anglosuiza pero asociada a capitales de origen nacional como Vicentín); AGD (nacional del grupo Urquía asociada a Bunge); Molinos Río de la Plata. Salvo los monopolios pertenecientes a China, todos los demás pertenecen a países de la OTAN.

 

¿Suponiendo que los caudales de agua permitan una razonable operatividad fluvial en el Río Paraná y su Hidrovía, no deberíamos manejar las alertas y amenazas que nos marca el cambio climático? Esto es un dato clave teniendo en cuenta lo que aseguran algunos expertos sobre la faltante de agua y la posibilidad que haya problemas para el abastecimiento de agua potable a ciudades, además de la producción local de alimentos.

 

Podemos pensar una realidad no tan alejada. ¿Qué pasaría con los países con los que compartimos la Cuenca del Plata ante situaciones críticas?, ¿Qué vericuetos internacionales impedirán que no piensen y actúen priorizando sus intereses? Las recientes manifestaciones de Brasil de romper acuerdos en los tratados de transporte en buques de ambas banderas son una muestra. ¿Qué pensamos sobre los países sudamericanos gobernados por las derechas desde la embajada gringa en una eventual hipótesis de conflicto? Solo basta hacer un recorrido por las compras de armamento y equipo naval de guerra del último tiempo para vislumbrar que manejan ellos como posibilidades de enfrentamiento con un pueblo hermano. Si a esto sumamos que Brasil y Paraguay tiene más de 46 represas – que dan energía a nuestros países-, aguas arriba del Paraná y podrá construir más el panorama no es alentador. Si tuviese necesidad de cerrar compuertas por sequías graves, todo puede complicarse. No es casual la activación de proyectos sobre el río Uruguay y lo manifestado por el Pte Lacalle Pou en la última reunión del Mercosur. Recordemos que el Decreto 949/20 más el 427/21 ponen toda nuestras exportaciones agropecuarias al hub de Montevideo en manos de los oligopolios y sus fondos buitres internacionales, cualquier motivo o conflicto, provocaría crisis logística inimaginable a nuestro país.

 

Argentina queda supeditada a una planificación internacional, exponiéndose así, a una división en porciones territoriales muy definidas. Una, la Argentina peninsular continental, y otra marítima y fluvial. A ello debemos sumar  que en la porción más grande de Argentina bicontinental – ronda el 60% del territorio Argentino, es agua-, el control del litoral marítimo está en manos del Reino Unido, la pesca en empresas extranjeras, la mayoría de puertos privatizados y una planificación sistemática de destrucción de la industria naval capaz de dar sustentabilidad a una planificación estratégica que de soberanía y control y manejo efectivo de nuestras riquezas/DIVISAS. Participan de manera aleatoria múltiples y acotados países a través de sus empresas, en su mayoría todos miembros de la OTAN sobre todo EE.UU. con su IV Flota y su reclamo de instalación de una base militar en Tierra del fuego y de ayuda humanitaria en otros puntos de la región. El control del agua y todo lo que circula por ella implica disputa. La ocupación económica no es diferente a la militar, es una ventaja extraordinaria en favor de los intereses imperialistas sobre esta parte del planeta. No olvidemos que el Reino Unido ejerce la tenencia real de parte de nuestra provincia de Ushuaia asignando permisos millonarios en dólares en pesca ilegal y extracción de hidrocarburos. Ni que hablar de la base de submarinos nucleares, los ejercicios conjuntos con Estados Unidos y el escudo Excalibur montado en Malvinas como núcleo estratégico al acceso a nuestra Antártida.

 

Es así que la tenencia real y la Administración de nuestro sistema portuario, logístico, fluvial y Marítimo, está en manos de las distintas empresas extranjeras perteneciente a potencias imperialistas a través del Paraná, los puertos y su Hidrovía, el comercio exterior y otros mecanismos poco públicos conocidos por el gran pueblo argentino.

 

La otra porción de estas dos divisiones es la continental. El sector continental argentino también está sometido a una brutal disputa de parte de las diversas potencias imperialistas que tienen testaferros, socios e intereses muy poderosos en nuestro país. Basta repasar quiénes son los verdaderos propietarios de cada una de las empresas exportadoras en el país. Si se suman extensos latifundios en las zonas productivas y en la Patagonia argentina, el dominio de los recursos petroleros, etc, se arma un mapa como la matrix. Hay mecenas y patrocinadores bancando carreras políticas, ong, o golpes de Estado… y Argentina con una dirigencia política no decidida a ser los gestores del destino común de felicidad para todos, continúa acumulando debilidades estratégicas múltiples que ponen el riesgo el futuro como nación y la vida digna como mandato. ¿Se autodebilita por ignorancia o por complicidades internas?

 

Tenemos múltiples instrumentos, algunos jurídicos, que nos permitiría dar un salto cualitativo en este sentido. Muchos fueron escritos y puestos en vigencia durante las dictaduras, por lo que deberían derogarse en forma inmediata y dejar de ser citados como argumentos de leyes o DNU. Otras son normas de gobiernos democráticos. Pero lo concreto es que se deben recuperar herramientas y sistemas de retención de dólares en vez de pagar servicios importados, uno de ellos las cartas de porte electrónicas de Afip recientemente implementadas, otro el proyecto de ley de creación de una empresa estatal de dragado y balizamiento sociedad del estado ENADRAG S.E., o la de litio y sodio ENALS S.E. – en manos de los legisladores del FDT y aun sin estado parlamentario-, o la de una empresa pesquera nacional estatal de pesca, o el de boga de carga, o el de Elma del siglo XXI y de fomento a la industria naval con estado parlamentario hace casi 20 años. Respecto a los artefactos navales y edificios de puertos y vías navegables de la Nación dados a la empresa que explota el dragado sobre el Paraná también hay instrumentos que nos permiten emprender ENADRAG S.E. de manera inmediata, según dice que el registro de la Cámara de Diputados de la Nación en Sesiones Ordinarias 2009, Orden del Día 2037, Pág. 12 : “El artículo citado establece también que, al finalizar la contratación, el concesionario deberá reintegrar al concedente las instalaciones y sus accesorios en condiciones de uso y conservación y con las mejoras realizadas, las que no le otorgarán derecho a retribución alguna por parte del concedente. Los equipos, al momento de reintegrarlos, deberán ser entregados en condiciones de operatividad, sin derecho a percibir retribución alguna por parte del concedente“.

 

Una parte que nunca se va a encontrar escrita es que la vida útil de los buques es de 25 años. O sea, el concesionario debe reponer esos equipos. Si se presta un auto con 10.000 km y por renovaciones en el préstamo se suman 25 años más de uso, ya no interesa el kilometraje sino que se consumió toda su vida útil, cosa que la AGN deberá controlar. Ni hablar de los informes técnicos sobre todo lo realizado sobre el río, dragado, mantenimiento, caudales, batimetrías, prospecciones, etc.

 

“En este sentido, se entiende que el concesionario ha adquirido sólo el derecho a la tenencia y uso en las condiciones preestablecidas del material flotante (buques y artefactos navales) y no flotante (equipos, muebles, útiles, inmuebles, muelles e instalaciones fijas) aportado por el concedente, los que siguen siendo propiedad del Estado nacional a lo largo de todo el plazo de la concesión”.

 

Retomando la suposición anterior al registro transcrito, y en el peor de los casos deberíamos invertir aproximadamente 80 millones de dólares en comprar tres o cuatro dragas a la empresa estatal de construcción de barcos, el astillero Río Santiago, lo que representa menos de la cuarta parte de lo que cobra por año Hidrovía SA sin contar el negocio paralelo de venta de arena que saca gratis y la vende a las empresas también extranjeras que explotan vaca muerta con el fracking. Cada draga tiene al menos una vida útil de 25 años, entonces que digan que no es negocio para el Estado tener una empresa nacional de dragado que trabaje en todo espejo de agua del país y no solo en el Paraná como proponemos en el proyecto de ley de ENADRA S.E. ¿Cuánto se ahorraría?

 

Por todo esto debemos seguir reclamando la derogación del decreto 949/2020, la rescisión del convenio de “vigilancia” pactado con la OCDE, la administración, ejecución, control y dragado  balizamiento de toda la red troncal de navegación y sus puertos no solo del Paraná a cargo del Estado y la puesta en marcha del canal Magdalena, todo en manos de una Empresa Estatal.

 

Con esta nota estamos llamando a discutir un nuevo Proyecto de País, el para todos todo que queremos. Que debería ser motivo principal de debate de todo ciudadano y sobre todo, responsabilidad de cada militante que se precie como tal dar la discusión y su aporte.  Sino  las próximas elecciones en las que se necesitan mayorías en las cámaras legislativas volverán a integrarlas los profesionales de la política, el novi@ de alguien o los puestos a dedo y no hombres y mujeres legítimamente surgidxs de la acción colectiva, para el bien de la nación.

 

El agua y lo necesario para la vida digna del pueblo argentino no son negociables.

 

Nota Original 

 

*Miembro de la Mesa de Trabajo por la Recuperación nacional y militante de Templanza Suramericana La Cámpora.